Editorial

15/Mayo/2017

 

La corrupción no es otra cosa que el abuso del poder para beneficio propio.

Es decir que en ésta, no puede haber un solo partícipe; hay un corruptor y un corrupto, o varios en ambos lados.

Es en gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se genere.

Se dice de la corrupción a gran escala cuando los actos cometidos en los niveles más altos del gobierno involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común, pero en menor escala comprende lo que generalmente padecemos los ciudadanos de manera directa, por el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos y tienen que dar algo en compensación, o padecen el tráfico de influencias sobre sus derechos, al manipular la ley.

La corrupción política, se mueve en otra dimensión, y es la que manipula políticas de instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, y por parte de quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio, que es lo más común en los sindicatos mexicanos.

El punto es que en México se trabaja para que una fiscalía anticorrupción, la combata, en un enésimo intento para ello. El cierto que ahora la sociedad mexicana externa por varios medios virtuales su inconformidad creciente y un claro hartazgo a ese modus operandi, que se registra incluso en los partidos políticos a través de grupos que, buscan, posicionar a sus elementos para seguir depredando el erario y los servicios de la nación.

¿Bastará una fiscalía anticorrupción?

Porque denuncias hay por miles a diario en los tres niveles e instancias de gobierno, por lo que se duda de la capacidad de respuesta de esa “nueva” institución, que dependerá por lo que se aprecia de la PGR en la federación y de la procuraduría o fiscalía de justicia en las entidades, cuando para muchos deberían ser autónomas del ejecutivo de que se trate.

Ciertamente lo sabemos: la corrupción en México no va a ser cosa inmediata, es una práctica “institucional” común.