Editorial

20/Abril/2017

 

Es cierto que existe una lista de ex gobernadores priístas que han sido señalados por presuntos actos de corrupción y algunos de ellos, como en el caso de Rodrigo Medina de la Cruz, ex mandatario de Nuevo León, ya pisaron la cárcel, aunque salió bajo fianza.

Esta el caso de César Duarte Jaquez, ex gobernador de Chihuahua, quien se encuentra prófugo de la justicia mexicana.

Pero hay otros que no fueron molestados, como Fausto Vallejo Figueroa, quien gobernó de manera intermitente Michoacán a quien no le fincaron ningún tipo de responsabilidad, aunque uno de sus hijos, Rodrigo Vallejo Mora, tuvo que responder por su relación con uno de los principales capos de la delincuencia en la entidad, Servando Gómez “La Tuta”.

Otro, de esa misma entidad michoacana, el gobernador que sustituyó a Fausto Vallejo: Jesús Reyna García, se encuentra detenido, por sus lazos con el crimen organizado.

Pero siguen los que para otros son sospechosos, y le siguen los pasos y están en cargos públicos, como Miguel Alonso Reyes, hoy director de Fonatur y ex gobernador de Zacatecas. Este fue señalado por el presunto desvío de mil 540 millones de pesos, según la ex candidata de Morena a la alcaldía de la capital, María Soledad Luévano, quien insiste y presentó otra denuncia por 340 millones de pesos en transacciones con empresas fantasma, que parecen ser la moda entre gobernantes, para robar al pueblo.

Jorge Herrera Caldera, ex gobernador de Durango, se encuentra en la mira de su sucesor, José Rosas Aispuro Torres, quien reúne pruebas en su contra para mostrar las desviaciones ocurridas durante su desastrosa administración, e igual sucede con Carlos Lozano de la Torre, ex gobernante de Aguascalientes, que pronto podría enfrentar una responsabilidad judicial.

Fernando Eutimio Ortega es otro señalado, aunque goza de la protección diplomática como Embajador de México en Paraguay, aunque varios de sus colaboradores como gobernador de Campeche se encuentran en prisión.

Y así el historial de ex gobernadores que no son pocos que son investigados a los que les reúnen pruebas, o los que de plano ya están detenidos y en la cárcel, en este nuestro México en el que en funciones, los gobernantes de los estados, hacen lo que quieren con los dineros del pueblo.